El objetivo de este foro es el de facilitar la relación entre los asociados. Se incluirán en él debates, consultas, testimonios y colaboraciones sobre temas relacionados con los fines de la asociación. Se invita a la participación activa de todos los asociados.

lunes, 6 de septiembre de 2010

ABORTO: ¿DERECHO O PODER? - Por el Dr. Esteban Rodríguez Martín (Ginécologo, Miembro de CíViCa y de Ginecólogos por el Derecho a la Vida)

El pasado 5 de julio entró en vigor en España una ley extremista que impone, en la escuela y la sanidad, una visión ideológica de la sexualidad bajo la “perspectiva de género”(sic) y que considera como un “derecho reproductivo”, exclusivo de la mujer, que el sistema público se haga cargo de la ejecución de un hijo antes del parto cuando sea juzgado como “indeseable” por su progenitora; bien por no haber sido planificado, o bien por haberse diagnosticado prenatalmente alguna anomalía o discapacidad.
Una parte del Parlamento español que representa a un sector del pueblo ha utilizado el poder de Estado para imponer una ideología mediante el dictado de una ley que otorga el poder -disfrazado de derecho-para matar a una categoría de seres humanos. Los grupos parlamentarios que han apoyado este dictado son los partidos nacionalistas y comunistas que representan a una mínima parte del pueblo español y el partido socialista que, antes de obtener la confianza de once millones de españoles para gobernar, ocultó a los ciudadanos sus intenciones.
En la cinta sobre la famosa novela de Pasternak, el Doctor Zhivago, llegando a Siberia huyendo de los comunistas bolcheviques que habían tomado Moscú, es detenido en un control de los comisarios del partido establecido en una estación de tren. Le exigen que se identifique y que diga a dónde va, pero el médico se resiste a identificarse y revelar su destino. Los comisarios le amenazan diciéndole: “¿acaso no sabe que se nos ha otorgado el derecho de arrestarle y ajusticiarle?” El Doctor, con la mirada fija y la frente alta, contesta lapidariamente: “Ustedes, ahora, tendrán el poder, pero nunca el derecho”

Nadie cuestiona el “poder” de este Parlamento, es evidente. Pero su “derecho” para decidir otorgar a la mujer el poder para matar a los hijos antes del parto y obligar a los médicos del sistema público a facilitar o ejecutar a la persona que se gesta mediante la “interrupción” de un embarazo, es mucho más que cuestionable. A menudo en los regímenes totalitarios las clases diregentes y las personas poderosas han utilizado su poder para oprimir a los más débiles.
Así las cosas, ahora, las progenitoras y la administración- a modo de comisariado político- tienen el “poder legal” para exigir que un médico facilite y mate al hijo del que están embarazadas.
El artículo 9.3 del Código de Ética y Deontología médica establece qué: “Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, queda dispensado de actuar”.
Las razones éticas y científicas están en la base de la unánime opinión de que decidir el aborto es un trauma para la mujer. Y no solo a nivel psíquico, sino también a nivel físico, sexual y reproductor. Traumas que unos políticos ideológicamente escorados - y unos pocos médicos deontológicamente corrompidos- contribuyen a favorecer.
Para imponer su doctrina moral atodo el pueblo necesitan obligar a los médicos honestos y fieles a su vocación a cooperar con ellos infringiendo el artículo 4.4 de su código deontológico (El médico nunca perjudicara intencionadamente al paciente ni le atenderá con negligencia) el 27.3( el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni aunque éste se lo exija) o el 21.4 ( al ser humano embriofetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente) entre otros, a la vez que conculcan una serie de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de conciencia del médico, y la libertad de los padres para educar a los hijos de acuerdo a sus propias convicciones.
No estamos muy lejos de la Rusia genocida del Doctor Zhivago que establecía sus categorías de “indeseables”, pero muchos médicos seguirán resistiendo, como nuestro colega ruso, a las tentaciones totalitarias de las clases poderosas ,que fingiendo su interés por el pueblo lo oprimen. Como entonces, ahora algunos tendrán el poder, pero nunca el derecho.

JUECES EN DEFENSA DE LA VIDA - Por José Manuel Belmonte (Dr. en Ciencias Humanas Univ de Strasbourg, Asociado de Cívica)

Hay jueces aquí, y en otras partes que aplican la ley, y no se pliegan al poder.
Lo que debería suceder siempre. Siempre, se llame su presidente como se llame y sea la nación que sea. Es el estado de derecho quien gana, es la sociedad la que se valora.
Eso es ya noticia. En nuestro país, según los mismos jueces, la política está muy politizada. Importa destacar, precisamente por contraste, la sentencia de un juez federal de Estados Unidos, que de manera cautelar ha paralizado un acuerdo estatal de investigación científica y la consiguiente financiación. Es un revés para Obama.
Aquí, se van a cumplir dos meses, y en un caso similar, en España no hubo suspensión cautelar, aunque se había presentado el oportuno recurso.
Analicemos un poco lo ocurrido. Primero en USA. Un juez del Distrito de Columbia, llamado Royce Laymberth ha estimado las razones de los demandantes contra el Estado. “El tribunal dio la razón a un grupo de investigadores que en junio demandaron a los Institutos Nacionales de Salud, una división del Departamento de Salud de EEUU, por haber autorizado el uso de 13 líneas de células madre producidas por científicos en Boston y Nueva York”.
Dicho así, no parece importante. Es más, parece una sentencia contra el Departamento de Salud, e incluso contra el de Investigación y Ciencia. Pero hay una razón, que se ha revelado muy poderosa: la directiva que se aprobó en diciembre 2009, “viola una ley que prohíbe el uso de fondos federales para destruir embriones humanos”.
Por esta razón, para los demandantes, esa investigación con células madre embrionarias es “inmoral” ya que supone “la destrucción de embriones humanos”. Y consiguientemente, no procede que se use el dinero del Estado, precisamente para esa destrucción.
Allí, a diferencia de lo que piensa nuestra Ministra de Igual Da, un embrión humano es un ser humano. Un embrión humano es una vida. Una vida humana. Y un juez ha salido en su defensa.
Y se aplica la cautelar, porque no se puede financiar esa investigación con dinero de todos. Con dinero privado, sigue siendo igualmente “inmoral”, pero uno puede permitir que su dinero se manche de sangre.
Pues volvamos a España. El PP había solicitada la suspensión de la entrada en vigor de la Ley del aborto hasta el fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad. El alto Tribunal indica que según las determinaciones de la Constitución y la Ley Orgánica del TC, "no cabe acordar ninguna limitación a la aplicabilidad de la Ley estatal como consecuencia de que haya sido impugnada ante el Tribunal Constitucional".
La ley entro en vigor el pasado 5 de julio
Sin embargo los votos particulares de algunos Magistrados revelan su importancia. Se trata del progresista Eugeni Gay y los conservadores Javier Delgado, Jorge Rodríguez- Zapata y Ramón Rodríguez Arribas. Son razones contundentes. Juzguen ustedes:
1.-Todos ellos coinciden en argumentar su voto en contra en el "perjuicio irreparable" que puede suponer la aplicación de la Ley, hasta que el Constitucional se pronuncie.
2.- El voto particular de Rodríguez-Zapata considera que la justificación de la suspensión de las leyes estatales "ha de buscarse en la necesidad de precaver perjuicios irreversibles vinculados a los derechos fundamentales de la persona".
3.- Gay Montalvo asegura que la alegación del PP de que existe un "evidente perjuicio irreparable", debió no solo "considerarse" sino también "atenderse", ya que estima que al afectar al derecho a la vida, éste se convierte, en una prioridad "ineludible" para el legislador.
4.- Rodríguez Arribas argumenta que el riesgo "indiscutible" de que mientras se tramitan los recursos "se extingan legalmente (...) multitud de vidas "nasciturus" (...) obligaba, en atención a la extrema excepcionalidad del caso y sin prejuzgar la cuestión de fondo", suspender aquellos preceptos cuya aplicación podría producir "efectos irreversibles" para el derecho a la vida.
5.-Javier Delgado, por último, opina que "nunca en la historia" de este tribunal se había presentado una situación como la presente, ya que "nunca había ocurrido que durante un proceso pudiera producirse una extinción de vidas, daño terminantemente irreparable, que podría resultar inconstitucional".
Estos magistrados, progresistas o conservadores pero honestos, sí pretendían defender la vida. ¿Por qué no se les ha escuchado? Un solo juez en USA ha suspendido una ley porque no se pueden matar embriones humanos… pero aquí, en contra del criterio de estos jueces, se puede. ¿Cuántos embriones se habrán destruido ya desde la entrada en vigor? ¿Eso no es un “perjuicio irreparable?
La ley no puede estar en contra de la vida, nunca. ¡Los jueces sí!

CON EL ENFERMO HASTA EL FINAL DE LA VIDA -Por José Manuel Belmonte (Dr. en Ciencias Humanas Univ de Strasbourg, Asociado de Cívica)

La vida es lo más grande que tenemos. Es el primer Derecho Humano y la base donde se apoyan todos los demás. Es tan frágil que desde el mismo instante de tenerla, la podemos perder o nos la pueden quitar. Nadie tiene derecho sobre la vida de nadie, ni en el seno materno, ni en el espacio exterior, o en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Nunca la vida de un ser humano ha valido tan poco como en la actualidad. Nunca hasta ahora, dar muerte a un ser humano había sido tan fácil porque hoy es “un derecho”.
Es significativo que aquellos que no defienden la dignidad y el derecho a la vida desde su concepción, proponen y defienden “una muerte digna” al final de nuestros días. Quienes discriminan a los seres humanos y su derecho a nacer, según tengan o no anomalías o malformaciones,-legislación actual- tienen obsesión también por el final de la vida. Resulta curioso que quienes defienden el aborto, con la ley de “salud sexual y reproductiva... y la interrupción voluntaria del embarazo”, aboguen por la “muerte digna”, con la eutanasia y la sedación terminal.
Una vez más utilizan eufemismos (eu= bien; pheme= modo de hablar). Disimulan palabras tabúes o mal sonantes, para que algo se acepte. ¿Quién puede estar contra la salud? Nadie. Pero en el aborto se elimina una vida. ¿Quién puede estar contra la “muerte digna”? Nadie. Sin embargo el resultado puede ser la muerte a una persona. En uno y otro caso, suelen buscarse las “garantías legales” para los inductores. Ello indica que, se demuestre o no, la mala praxis es éticamente posible y condenable.
Podemos estar de acuerdo en que morir en paz sea un derecho. Y estamos de acuerdo en que se debe aliviar el sufrimiento de un enfermo mediante unos cuidados paliativos de calidad, dignos y respetuosos con la persona humana y con sus creencias. Eutanasia, (también del griego eu= bien, y thanatos= muerte), es precisamente eso, muerte sin dolor, “buena muerte”. Pero la “eutanasia” se ha convertido en bandera de los que defienden la legitimidad de poner fin, con la muerte, a los sufrimientos de los enfermos incurables. Por supuesto, para ellos el término “eutanasia” se ha quedado pequeño. Por eso hablan ya de “eutanasia y suicidio asistido”.
Conviene recordar ahora que los avances médicos y farmacéuticos han procurado una mejora para la salud. Estos avances podrían también alargar el proceso de muerte. Tenemos derecho a ser informados de los tratamientos y de sus consecuencias. En la práctica, al no disponer de conocimientos precisos, en general se acepta lo que el médico prescriba o suministre. En ello basan algunos para vender “el testamento vital”.
Con estas premisas, ¿tenemos que aceptar, como dicen, que “se muere mal”? ¿Debemos aceptar la eutanasia y la guía de sedación terminal? “¿Se imagina que pudiéramos salir de esta vida cómo y cuándo quisiéramos?”, dice el folleto de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Pues no, no me lo imagino. Y si además que otro pueda decidir el cómo y el cuándo, resulta paradójico. La muerte puede ser el último vuelo que “nos obligan a coger”, para ahorrar costes o algo parecido.
El “suicidio asistido” se da cuando el enfermo, o paciente, hace petición de que se le quite la vida, pero no tiene autonomía para poderlo hacer él mismo. Es decir, para el suicidio asistido, es necesaria la colaboración del médico o de otra persona. La inducción y la colaboración están tipificadas en el código penal.
Según los promotores de “la eutanasia y el suicidio asistido”, se trata de “un derecho humano del siglo XXI que hay que ganar y conquistar”. Por ahí va ir próximamente tanto la batalla ideológica como la dialéctica y política. Como en el caso del aborto, sacarlo del código penal y convertirlo en “derecho”. Y todo por “una muerte digna y de calidad”.
El nacimiento y la muerte deben estar amparados universalmente, en cualquier lugar donde se resida. La izquierda ya ha impuesto la muerte digna en una parte del territorio nacional. Es disparatado, y suena a astracanada, que el Parlamento andaluz aprobara la Ley de la muerte digna el 17/03/2010. Esta ley regula el derecho del paciente a recibir tratamiento para el dolor, incluida la sedación paliativa y los cuidados paliativos integrales. En un tema de general y vital importancia, es una región de España, la que por la vía de los hechos impone “la muerte digna” allí donde gobierna. ¿Nada tiene que decir el gobierno de España? Algunos ayuntamientos-de la misma cuerda- han asumido y hecho concesiones y despachos para explicar esos derechos a los ciudadanos. Es una manera de forzar los hechos y la Constitución, como lo fue el Estatut en Cataluña.
La pregunta lógica es: ¿Se necesita una ley para la “muerte digna”? Rotundamente no. Disponemos de un amplio marco legislativo, capaz de garantizar la dignidad, el acompañamiento, la información y la ayuda y cuidados paliativos en los momentos cercanos a la muerte. En este sentido, la Ley Básica de Autonomía del Paciente, la Ley de Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Ordenación de las profesiones Sanitarias, y por supuesto el Código Deontológico del Médico que sigue estando en vigor. Son instrumentos jurídicos, profesionales y éticos, mejorables como todo en la vida, pero capaces de otorgar al enfermo autonomía, respeto y cuidados integrales de calidad para que tenga una “muerte digna”.
Es el Estado quien debe dotar económicamente al sistema de Salud Nacional de unos medios para que haya en todo el territorio unos Cuidados Paliativos al 100% suficientes e iguales, independientemente del lugar donde se encuentre el enfermo. Y vigilar su cumplimiento desde el punto de vista social y ético.
Necesitan una nueva ley quienes desean que la eutanasia abarque “el suicidio asistido”. En este caso se encuentran, en el marco jurídico, vacíos legales.
No parece lógica su pretensión de que “la objeción de conciencia ante la eutanasia debe ser delito”. Su argumento es que se les debe imputar “un delito de lesiones por omisión del deber de socorro” (Dr. Luis Montes). Lo cierto es que este personaje, y sus apoyos mediáticos y políticos hace mucho que han dejado atrás la “eutanasia”. Su batalla es “el suicidio médicamente asistido”. Van a seguir llamando a “eso” “eutanasia”, “buena muerte”, “muerte digna”, “derecho a la muerte”. Les interesa llamarlo así, por puro “eufemismo”, para que la sociedad lo apruebe, no lo rechace, y que los profesionales no puedan objetar. Es igual de perverso que llamar “salud sexual” al aborto.
Ilustro el artículo con fotos de Stephen, discapacitado pero lúcido. Tal vez su persona y su ejemplo demuestren como nadie que ningún hombre es completo hasta su fin. En los últimos instantes puede estar completando, para sí o para otros, su última lección. ¿Qué sabe nadie del aprendizaje interior? Podemos ver un cuerpo deteriorado, pero su alma está al final de un túnel abierto a la luz (según Jessie y cuantos han podido contar su experiencia al volver en sí). ¡Ningún médico puede ver esa realidad!
¿Qué dicen los católicos? En su día el arzobispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián, proclamó la oposición de la Iglesia católica a esa forma de eutanasia y defendió que la muerte de Jesús en la cruz fue “absolutamente digna” a pesar de que “no tuvo cuidados paliativos”.