¿EDUCACIÓN SEXUAL O EDUCACIÓN VENÉREA - Por el Dr. Esteban Rodríguez Martín (Ginécologo, Miembro de CíViCa y de Ginecólogos por el Derecho a la Vida)?

Últimamente la clase política anda demasiado empeñada en educar la sexualidad de los ciudadanos. Todo político que se considera de bien se ha creído que hará una gran contribución a la humanidad cuando consiga imponer como práctica habitual, tirando de talonario legislativo, aquello que los nuevos eruditos del orden mundial han convenido en llamar el “sexo seguro” y la “planificación familiar”.

A este carro no sólo se apunta la progresía mundial y nacional, incluso la parte de ella asqueada del partido socialista y de sus líderes y lideresas, sino que también parece apuntarse una parte del liberalismo y hasta del conservadurismo pepero y, ¿cómo no?, todo aquel profesional o comercial que de ello haga su negocio.

Esta casta política que nos dirige –y la mediática que les hace el juego– que acusa de querer meterse en política y de ultra algo a todo ciudadano independiente –ordenado o laico– que ose criticar sus desvaríos, temiendo que alguien que no ha medrado en la incubadora del partido –o del periódico de turno– pueda tener audiencia y suponer un reclamo que les reste protagonismo, se cree que los padres de este país y sus hijos son poco menos que unos pauvres malheureux a los que tienen el deber de educar sexualmente y explicarles lo que es un préservatif y que les enfants ne viennent pas de Paris.

Pero esta gente no tiene ni idea de educación sexual, en especial Bibiana o Trinidad, que aparte de conocer todas las técnicas antimaternidad, pasando por la de matar a los hijos antes del parto, no parece que hayan estudiado mucho más de lo que hayan podido aprender viendo la serie “Física o Química”. Programas de instrucción en técnicas masturbatorias en Extremadura, mapas del clítoris y reparto de condones de sabores en Andalucía, videos de sodomías efebofílicas en Cataluña, webs para “sexpresarse” que parecen panfletos de propaganda de sexshop que explican técnicas como el “fisting” o la introducción de lo que llaman “juguetes” al más puro estilo “hardcore”, monitores de educación sexual formados por la federación de gays, lesbianas, homosexuales a tiempo parcial y transexuales, etc., son los exponentes de esta nueva educación venérea con la quieren modernizar a la nueva ciudadanía.

Esta que gente se ha tragado la trola de que no se nace con un sexo sino que con la ¿madurez? se va eligiendo un género, que se ha creído que el sexo es un juego donde la maternidad no cabe si no es como la expresión de otro deseo, que se ha dejado embaucar por la industria farmacológica en su empeño de hacerles creer que lo que libera a las mujeres es que consuman sus hormonas sintéticas para bloquear sus ovulaciones desde que tienen la regla, o que lleven metidos en sus úteros unos alambres para impedir que sus hijos echen raíces en el manto nutricio de sus entrañas, y que enfundarse el pene con un plástico “aromatizado y edulcorado” protege de todo tipo de enfermedades. Esta gente, repito, que se ha pensado que es inevitable que todos los adolescentes sean unos salidos, promiscuos e infieles con las gónadas por cerebro, que la virginidad y la fidelidad son una lacra machista y ultra clerical, que la relación entre un joven y una “jóvena” no tiene sentido sin que medie el placer venéreo al extremo de vacunar a toda niña de 14 años contra un virus que el condón no consigue frenar. Esta gente es la que nos quiere educar y darnos lecciones de sexualidad.

Pero estos libertarios que van de salvadores no están ofreciendo una educación sexual sino una educación venérea, reitero, que traerá con el nuevo orden de su progresista modernidad la muerte de millones de seres humanos en el inicio de sus vidas, la desgracia de miles de adolescentes y devastadoras consecuencias demográficas y epidemiológicas que pondrán en riesgo nuestra civilización en no demasiadas décadas.

ABORTO: ¿DERECHO O PODER? - Por el Dr. Esteban Rodríguez Martín (Ginécologo, Miembro de CíViCa y de Ginecólogos por el Derecho a la Vida)

El pasado 5 de julio entró en vigor en España una ley extremista que impone, en la escuela y la sanidad, una visión ideológica de la sexualidad bajo la “perspectiva de género”(sic) y que considera como un “derecho reproductivo”, exclusivo de la mujer, que el sistema público se haga cargo de la ejecución de un hijo antes del parto cuando sea juzgado como “indeseable” por su progenitora; bien por no haber sido planificado, o bien por haberse diagnosticado prenatalmente alguna anomalía o discapacidad.
Una parte del Parlamento español que representa a un sector del pueblo ha utilizado el poder de Estado para imponer una ideología mediante el dictado de una ley que otorga el poder -disfrazado de derecho-para matar a una categoría de seres humanos. Los grupos parlamentarios que han apoyado este dictado son los partidos nacionalistas y comunistas que representan a una mínima parte del pueblo español y el partido socialista que, antes de obtener la confianza de once millones de españoles para gobernar, ocultó a los ciudadanos sus intenciones.
En la cinta sobre la famosa novela de Pasternak, el Doctor Zhivago, llegando a Siberia huyendo de los comunistas bolcheviques que habían tomado Moscú, es detenido en un control de los comisarios del partido establecido en una estación de tren. Le exigen que se identifique y que diga a dónde va, pero el médico se resiste a identificarse y revelar su destino. Los comisarios le amenazan diciéndole: “¿acaso no sabe que se nos ha otorgado el derecho de arrestarle y ajusticiarle?” El Doctor, con la mirada fija y la frente alta, contesta lapidariamente: “Ustedes, ahora, tendrán el poder, pero nunca el derecho”

Nadie cuestiona el “poder” de este Parlamento, es evidente. Pero su “derecho” para decidir otorgar a la mujer el poder para matar a los hijos antes del parto y obligar a los médicos del sistema público a facilitar o ejecutar a la persona que se gesta mediante la “interrupción” de un embarazo, es mucho más que cuestionable. A menudo en los regímenes totalitarios las clases diregentes y las personas poderosas han utilizado su poder para oprimir a los más débiles.
Así las cosas, ahora, las progenitoras y la administración- a modo de comisariado político- tienen el “poder legal” para exigir que un médico facilite y mate al hijo del que están embarazadas.
El artículo 9.3 del Código de Ética y Deontología médica establece qué: “Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, queda dispensado de actuar”.
Las razones éticas y científicas están en la base de la unánime opinión de que decidir el aborto es un trauma para la mujer. Y no solo a nivel psíquico, sino también a nivel físico, sexual y reproductor. Traumas que unos políticos ideológicamente escorados - y unos pocos médicos deontológicamente corrompidos- contribuyen a favorecer.
Para imponer su doctrina moral atodo el pueblo necesitan obligar a los médicos honestos y fieles a su vocación a cooperar con ellos infringiendo el artículo 4.4 de su código deontológico (El médico nunca perjudicara intencionadamente al paciente ni le atenderá con negligencia) el 27.3( el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni aunque éste se lo exija) o el 21.4 ( al ser humano embriofetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente) entre otros, a la vez que conculcan una serie de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de conciencia del médico, y la libertad de los padres para educar a los hijos de acuerdo a sus propias convicciones.
No estamos muy lejos de la Rusia genocida del Doctor Zhivago que establecía sus categorías de “indeseables”, pero muchos médicos seguirán resistiendo, como nuestro colega ruso, a las tentaciones totalitarias de las clases poderosas ,que fingiendo su interés por el pueblo lo oprimen. Como entonces, ahora algunos tendrán el poder, pero nunca el derecho.

JUECES EN DEFENSA DE LA VIDA - Por José Manuel Belmonte (Dr. en Ciencias Humanas Univ de Strasbourg, Asociado de Cívica)

Hay jueces aquí, y en otras partes que aplican la ley, y no se pliegan al poder.
Lo que debería suceder siempre. Siempre, se llame su presidente como se llame y sea la nación que sea. Es el estado de derecho quien gana, es la sociedad la que se valora.
Eso es ya noticia. En nuestro país, según los mismos jueces, la política está muy politizada. Importa destacar, precisamente por contraste, la sentencia de un juez federal de Estados Unidos, que de manera cautelar ha paralizado un acuerdo estatal de investigación científica y la consiguiente financiación. Es un revés para Obama.
Aquí, se van a cumplir dos meses, y en un caso similar, en España no hubo suspensión cautelar, aunque se había presentado el oportuno recurso.
Analicemos un poco lo ocurrido. Primero en USA. Un juez del Distrito de Columbia, llamado Royce Laymberth ha estimado las razones de los demandantes contra el Estado. “El tribunal dio la razón a un grupo de investigadores que en junio demandaron a los Institutos Nacionales de Salud, una división del Departamento de Salud de EEUU, por haber autorizado el uso de 13 líneas de células madre producidas por científicos en Boston y Nueva York”.
Dicho así, no parece importante. Es más, parece una sentencia contra el Departamento de Salud, e incluso contra el de Investigación y Ciencia. Pero hay una razón, que se ha revelado muy poderosa: la directiva que se aprobó en diciembre 2009, “viola una ley que prohíbe el uso de fondos federales para destruir embriones humanos”.
Por esta razón, para los demandantes, esa investigación con células madre embrionarias es “inmoral” ya que supone “la destrucción de embriones humanos”. Y consiguientemente, no procede que se use el dinero del Estado, precisamente para esa destrucción.
Allí, a diferencia de lo que piensa nuestra Ministra de Igual Da, un embrión humano es un ser humano. Un embrión humano es una vida. Una vida humana. Y un juez ha salido en su defensa.
Y se aplica la cautelar, porque no se puede financiar esa investigación con dinero de todos. Con dinero privado, sigue siendo igualmente “inmoral”, pero uno puede permitir que su dinero se manche de sangre.
Pues volvamos a España. El PP había solicitada la suspensión de la entrada en vigor de la Ley del aborto hasta el fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad. El alto Tribunal indica que según las determinaciones de la Constitución y la Ley Orgánica del TC, "no cabe acordar ninguna limitación a la aplicabilidad de la Ley estatal como consecuencia de que haya sido impugnada ante el Tribunal Constitucional".
La ley entro en vigor el pasado 5 de julio
Sin embargo los votos particulares de algunos Magistrados revelan su importancia. Se trata del progresista Eugeni Gay y los conservadores Javier Delgado, Jorge Rodríguez- Zapata y Ramón Rodríguez Arribas. Son razones contundentes. Juzguen ustedes:
1.-Todos ellos coinciden en argumentar su voto en contra en el "perjuicio irreparable" que puede suponer la aplicación de la Ley, hasta que el Constitucional se pronuncie.
2.- El voto particular de Rodríguez-Zapata considera que la justificación de la suspensión de las leyes estatales "ha de buscarse en la necesidad de precaver perjuicios irreversibles vinculados a los derechos fundamentales de la persona".
3.- Gay Montalvo asegura que la alegación del PP de que existe un "evidente perjuicio irreparable", debió no solo "considerarse" sino también "atenderse", ya que estima que al afectar al derecho a la vida, éste se convierte, en una prioridad "ineludible" para el legislador.
4.- Rodríguez Arribas argumenta que el riesgo "indiscutible" de que mientras se tramitan los recursos "se extingan legalmente (...) multitud de vidas "nasciturus" (...) obligaba, en atención a la extrema excepcionalidad del caso y sin prejuzgar la cuestión de fondo", suspender aquellos preceptos cuya aplicación podría producir "efectos irreversibles" para el derecho a la vida.
5.-Javier Delgado, por último, opina que "nunca en la historia" de este tribunal se había presentado una situación como la presente, ya que "nunca había ocurrido que durante un proceso pudiera producirse una extinción de vidas, daño terminantemente irreparable, que podría resultar inconstitucional".
Estos magistrados, progresistas o conservadores pero honestos, sí pretendían defender la vida. ¿Por qué no se les ha escuchado? Un solo juez en USA ha suspendido una ley porque no se pueden matar embriones humanos… pero aquí, en contra del criterio de estos jueces, se puede. ¿Cuántos embriones se habrán destruido ya desde la entrada en vigor? ¿Eso no es un “perjuicio irreparable?
La ley no puede estar en contra de la vida, nunca. ¡Los jueces sí!

CON EL ENFERMO HASTA EL FINAL DE LA VIDA -Por José Manuel Belmonte (Dr. en Ciencias Humanas Univ de Strasbourg, Asociado de Cívica)

La vida es lo más grande que tenemos. Es el primer Derecho Humano y la base donde se apoyan todos los demás. Es tan frágil que desde el mismo instante de tenerla, la podemos perder o nos la pueden quitar. Nadie tiene derecho sobre la vida de nadie, ni en el seno materno, ni en el espacio exterior, o en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Nunca la vida de un ser humano ha valido tan poco como en la actualidad. Nunca hasta ahora, dar muerte a un ser humano había sido tan fácil porque hoy es “un derecho”.
Es significativo que aquellos que no defienden la dignidad y el derecho a la vida desde su concepción, proponen y defienden “una muerte digna” al final de nuestros días. Quienes discriminan a los seres humanos y su derecho a nacer, según tengan o no anomalías o malformaciones,-legislación actual- tienen obsesión también por el final de la vida. Resulta curioso que quienes defienden el aborto, con la ley de “salud sexual y reproductiva... y la interrupción voluntaria del embarazo”, aboguen por la “muerte digna”, con la eutanasia y la sedación terminal.
Una vez más utilizan eufemismos (eu= bien; pheme= modo de hablar). Disimulan palabras tabúes o mal sonantes, para que algo se acepte. ¿Quién puede estar contra la salud? Nadie. Pero en el aborto se elimina una vida. ¿Quién puede estar contra la “muerte digna”? Nadie. Sin embargo el resultado puede ser la muerte a una persona. En uno y otro caso, suelen buscarse las “garantías legales” para los inductores. Ello indica que, se demuestre o no, la mala praxis es éticamente posible y condenable.
Podemos estar de acuerdo en que morir en paz sea un derecho. Y estamos de acuerdo en que se debe aliviar el sufrimiento de un enfermo mediante unos cuidados paliativos de calidad, dignos y respetuosos con la persona humana y con sus creencias. Eutanasia, (también del griego eu= bien, y thanatos= muerte), es precisamente eso, muerte sin dolor, “buena muerte”. Pero la “eutanasia” se ha convertido en bandera de los que defienden la legitimidad de poner fin, con la muerte, a los sufrimientos de los enfermos incurables. Por supuesto, para ellos el término “eutanasia” se ha quedado pequeño. Por eso hablan ya de “eutanasia y suicidio asistido”.
Conviene recordar ahora que los avances médicos y farmacéuticos han procurado una mejora para la salud. Estos avances podrían también alargar el proceso de muerte. Tenemos derecho a ser informados de los tratamientos y de sus consecuencias. En la práctica, al no disponer de conocimientos precisos, en general se acepta lo que el médico prescriba o suministre. En ello basan algunos para vender “el testamento vital”.
Con estas premisas, ¿tenemos que aceptar, como dicen, que “se muere mal”? ¿Debemos aceptar la eutanasia y la guía de sedación terminal? “¿Se imagina que pudiéramos salir de esta vida cómo y cuándo quisiéramos?”, dice el folleto de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Pues no, no me lo imagino. Y si además que otro pueda decidir el cómo y el cuándo, resulta paradójico. La muerte puede ser el último vuelo que “nos obligan a coger”, para ahorrar costes o algo parecido.
El “suicidio asistido” se da cuando el enfermo, o paciente, hace petición de que se le quite la vida, pero no tiene autonomía para poderlo hacer él mismo. Es decir, para el suicidio asistido, es necesaria la colaboración del médico o de otra persona. La inducción y la colaboración están tipificadas en el código penal.
Según los promotores de “la eutanasia y el suicidio asistido”, se trata de “un derecho humano del siglo XXI que hay que ganar y conquistar”. Por ahí va ir próximamente tanto la batalla ideológica como la dialéctica y política. Como en el caso del aborto, sacarlo del código penal y convertirlo en “derecho”. Y todo por “una muerte digna y de calidad”.
El nacimiento y la muerte deben estar amparados universalmente, en cualquier lugar donde se resida. La izquierda ya ha impuesto la muerte digna en una parte del territorio nacional. Es disparatado, y suena a astracanada, que el Parlamento andaluz aprobara la Ley de la muerte digna el 17/03/2010. Esta ley regula el derecho del paciente a recibir tratamiento para el dolor, incluida la sedación paliativa y los cuidados paliativos integrales. En un tema de general y vital importancia, es una región de España, la que por la vía de los hechos impone “la muerte digna” allí donde gobierna. ¿Nada tiene que decir el gobierno de España? Algunos ayuntamientos-de la misma cuerda- han asumido y hecho concesiones y despachos para explicar esos derechos a los ciudadanos. Es una manera de forzar los hechos y la Constitución, como lo fue el Estatut en Cataluña.
La pregunta lógica es: ¿Se necesita una ley para la “muerte digna”? Rotundamente no. Disponemos de un amplio marco legislativo, capaz de garantizar la dignidad, el acompañamiento, la información y la ayuda y cuidados paliativos en los momentos cercanos a la muerte. En este sentido, la Ley Básica de Autonomía del Paciente, la Ley de Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Ordenación de las profesiones Sanitarias, y por supuesto el Código Deontológico del Médico que sigue estando en vigor. Son instrumentos jurídicos, profesionales y éticos, mejorables como todo en la vida, pero capaces de otorgar al enfermo autonomía, respeto y cuidados integrales de calidad para que tenga una “muerte digna”.
Es el Estado quien debe dotar económicamente al sistema de Salud Nacional de unos medios para que haya en todo el territorio unos Cuidados Paliativos al 100% suficientes e iguales, independientemente del lugar donde se encuentre el enfermo. Y vigilar su cumplimiento desde el punto de vista social y ético.
Necesitan una nueva ley quienes desean que la eutanasia abarque “el suicidio asistido”. En este caso se encuentran, en el marco jurídico, vacíos legales.
No parece lógica su pretensión de que “la objeción de conciencia ante la eutanasia debe ser delito”. Su argumento es que se les debe imputar “un delito de lesiones por omisión del deber de socorro” (Dr. Luis Montes). Lo cierto es que este personaje, y sus apoyos mediáticos y políticos hace mucho que han dejado atrás la “eutanasia”. Su batalla es “el suicidio médicamente asistido”. Van a seguir llamando a “eso” “eutanasia”, “buena muerte”, “muerte digna”, “derecho a la muerte”. Les interesa llamarlo así, por puro “eufemismo”, para que la sociedad lo apruebe, no lo rechace, y que los profesionales no puedan objetar. Es igual de perverso que llamar “salud sexual” al aborto.
Ilustro el artículo con fotos de Stephen, discapacitado pero lúcido. Tal vez su persona y su ejemplo demuestren como nadie que ningún hombre es completo hasta su fin. En los últimos instantes puede estar completando, para sí o para otros, su última lección. ¿Qué sabe nadie del aprendizaje interior? Podemos ver un cuerpo deteriorado, pero su alma está al final de un túnel abierto a la luz (según Jessie y cuantos han podido contar su experiencia al volver en sí). ¡Ningún médico puede ver esa realidad!
¿Qué dicen los católicos? En su día el arzobispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián, proclamó la oposición de la Iglesia católica a esa forma de eutanasia y defendió que la muerte de Jesús en la cruz fue “absolutamente digna” a pesar de que “no tuvo cuidados paliativos”.

CON "LICENCIATURA PARA MATAR" - Por el Dr. Esteban Rodríguez Martín (Ginécologo, Miembro de CíViCa y de Ginecólogos por el Derecho a la Vida)

La Consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, a diferencia de Bibiana Aido y de Trinidad Jiménez es licenciada en medicina y cirugía. Esta licenciada , en entrevista concedida el 4 de agosto a Europa Press, ha criticado la legítima iniciativa del Consejo Andaluz de Médicos para defender la deontología médica y los derechos fundamentales de los médicos que la ley aprobada por su gobierno, y recurrida ante el tribunal constitucional, trata de violar desde su entrada en vigor el pasado 5 de julio.

Acusa a los médicos de hacer una “campaña ideológica”. Sin embargo la campaña ideológica, contraria a la deontología, es la que hace el partido político que sin aviso preelectoral, cambió una ley de aborto por una ley abortista que considera que matar intencionadamente a un ser humano mediante una interrupción del embarazo es un “derecho reproductivo”. Y que en contra de lo que anunciaba; deja en inseguridad jurídica a los profesionales por resultar ambigua la consideración de qué profesionales son los directamente implicados en cada fase del proceso de los abortos por indicación política, ideológica o social al margen de indicaciones.

La encargada de la sanidad andaluza actua como comisaria política al tratar de impedir la objeción de los médicos a ser convertidos en cómplices y cooperadores necesarios de un proceso conduce a la muerte intencionada de un ser humano. Esta señora, por motivos estrictamente ideológicos y de partido, trata de hacernos creer a los médicos que el aborto es un acto médico. Trata de imponernos su ideología antideontológica y convencernos de que los profesionales que participan en cualquier parte del proceso de interrupción voluntaria del embarazo con intención homicida no tienen una “implicación directa” salvo si son los quirúrgicos verdugos. Trata de convencer a la opinión pública de que lo normal es que los médicos cooperen en facilitar abortos y que el que se niega lo hace por remilgados motivos políticos, religiosos o ideológicos. La realidad,sin embargo, es que el aborto no es un acto único sino un proceso, que no es un proceso médico sino paramédico, y que las motivaciones de los profesionales para oponerse ,al margen de ideologias o creencias particulares sobre las que nadie puede ser obligado a declarar anticipadamente y por escrito, son estrictamente cientificas y deontologicas por obligación y vocación de cumplimiento del deber profesional.

Entendemos que la Ministra de Igualdad y la de Sanidad, que no son médicos, ignoren que nuestro código deontológico establezca en su art.27.3 qué: El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa de este” y que el 24.1 ordene qué “Al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas,…, que se aplican a los demás pacientes.
Por ello resulta un insulto a la profesión y a la vocación médica que la Consejera utilice su licenciatura como una "licencia para matar "y que trate de obligar a todo médico andaluz a cooperar en su ideología. Desde el nazismo no habíamos asistido a semejante pertensión de imposición totalitaria a la clase médica desde el poder político.

Su actuación mereceria una firme amonestación por el Consejo Andaluz de Médicos por violar los derechos de los médicos y la deontología que ella, como médico, también está obligada a observar, no solo por el propio código deontológico sino por la ley del Estatuto Marco del Personal Sanitario. Que los colegios de médicos renuncien a sancionar (art 23.1)disciplinariamente a los colegiados que, amparados en una ley estatal, violen la ética médica, no supone una legitimación deontológica de la prática abortista.

Desde Ginecólogos DAV Andalucía pedimos su dimisión por tratar de pervertir la esencia de la ginecología pública andaluza y por su insultante pretensión de apropiarse de nuestras conciencias profesionales abusando del poder que el Estado le concede en virtud de su nombramiento político.

Felicitamos al Consejo Médico Andaluz en su valiente iniciativa mostrándoles públicamente nuestro respaldo y animándolos en su noble defensa de la deontología médica, la dignidad de la maternidad, la del médico y la de la vida humana desde que empieza hasta que acaba.

DERECHO A LA VIDA Y A LA MUERTE DIGNA - Por José Manuel Belmonte (Dr. en Ciencias Humanas Univ de Strasbourg, Asociado de Cívica)

Decía Umbral en 2004, “no estamos maduros para ser viejos, aunque la ciencia nos prolongue la vida”. Precisé al genial escritor, en mi libro “Dos años de camino con Paco”, que en realidad no estamos preparados para casi nada. Los grandes acontecimientos de la vida, el nacimiento, la adolescencia, la paternidad, la jubilación, la vejez y la muerte, nos pillan siempre por sorpresa.

Durante la vida, toda situación que se prolonga puede sacar lo mejor de nosotros y también lo peor. También de los que nos rodean. Una de estas situaciones es la longevidad. Los científicos afirman que en el ser humano pueden darse ya cuatro etapas: “niñez, adultez, ancianidad joven y ancianidad mayor”.

En el mundo actual, hemos considerado un avance de la ciencia el que la vida se prolongue más de los 80 años. Es más, según la revista The Lancet más de la mitad de los bebés que nacen hoy vivirán cien años.

Pero los abuelos actuales -ancianidad mayor-, tienen achaques y problemas de salud. Es normal. Eso supone que más de un 33% de personas que tienen de 50 a 70 años, tienen mayores dependientes (padres o suegros). El trabajo no siempre está donde residen los abuelos. A veces estas personas requieren ingresos en centros sanitarios, lejos del domicilio familiar. En algunos casos el enfermo tiene etapas y, en alguna, no es lo suficiente comprensivo con los cuidadores. El estrés que estas situaciones producen sobre el cuidador es enorme. De hecho se puede llegar a lo que se conoce como el “síndrome del cuidador quemado”.

Y no es raro que el cuidador o cuidadora estalle: “No puedo más. Por favor que esto se acabe. La odio o le odio (al enfermo o anciano) porque se está poniendo insoportable”. Y se siente mal por ese pensamiento o ese grito. En realidad le quiere y no pasa nada. Es un desahogo.

Hay situaciones en que la enfermedad es grave o incurable y, el cuidador lo sabe. La vida es maravillosa, pero también dura. Pero no se puede trivializar. No es un juego.

Enrique Rojas decía, que estamos creando una sociedad, pusilánime, e incapaz de mirar a la muerte porque “vivimos de espaldas a la muerte, que no cuenta”. Con la filosofía hedonista y la ilusión de eterna juventud, de goce y disfrute, el anciano y el enfermo no encajan bien. Perdido el sentido trascendente de la vida, la vida misma ha perdido valor. Somos seres espirituales, pero como decía Soren Kierkegaard: “la mayoría de los hombres viven sin ser totalmente conscientes de que son seres espirituales”.

La muerte no se entiende. No se la considera como un “paso a otro nivel”. Se la considera como un fin. Un fin absoluto. Por eso asusta o se ignora. Es cierto que algunas personas, han estado muertas, y regresan del túnel y dicen como Jessie: “nunca he estado más viva que cuando estuve muerta. Sigo pensando así y me niego a avergonzarme de ello” (Raymond Moody, Life after life -Vida después de la vida-). Eso no hace más que corroborar lo que dice la religión y la fe. Pero algunos no quieren oir hablar, ni pensar que esta vida se prolonga más allá de la muerte. La vida cambia, no se destruye, ni se acaba.

Estamos hablando, en general, de la última etapa de la vida de una persona. Normalmente el médico de cabecera a la vista del cuadro clínico prescribe acudir al hospital. Hasta aquí todo normal.

No verlo normal, puede degradar esta etapa. La banalización es hacer de la eutanasia un juego. Ya existe en inglés ese juego peligroso. (The Gruen Transfer - The Pitch - Compulsory Euthanasia). Como si fuera un programa divertido, unos concursantes emiten uno spots en los que promueven la eutanasia activa a los 80 años. Sutilmente va pasando un mensaje que el auditorio entre risas y aplausos va tragando.

Lo cierto es que en casa, o en el hospital, puede vivirse un drama, o una tragedia. No que el paciente muera, (que puede suceder o no), sino que por un familiar y el médico van a terminar con su vida por una mala praxis. En el artículo citado más abajo, se narra la contradicción entre dos familiares, uno de los cuales le comenta al médico que desea que la enferma “dejara de sufrir cuanto antes”. La enferma es sedada, con dosis progresivas y sin hidratación. Cuando llega el otro familiar, se da cuenta de lo que le están haciendo y exige que se le ponga suero, y unos cuidados paliativos integrales y de calidad. “Nadie va a un hospital a que le maten, sino a que le curen o, si es posible a que mejoren su calidad de vida...esto y no otra cosa es lo que merece el calificativo de CUIDADOS PALIATIVOS” (Agustín Losada Pescador, en CIVICA, Hay Cuidados Paliativos que matan).

Es éste último tramo de la vida el que se intenta manipular. Es aquí donde se sitúa el verdadero debate sobre la eutanasia. “La muerte digna” no suele ser lo mismo para todos. Hay una carga ideológica que conviene descubrir y aclarar. Está en juego, lo mismo que en el caso del aborto, el derecho a la vida. Por supuesto, también el último momento de la vida está politizado. Lo veremos otro día.

DE EL PRINCIPIO AL FIN - Por José Manuel Belmonte (Dr. en Ciencias Humanas Univ de Strasbourg, Asociado de Cívica)

Después de la amenaza de el principio, llega la de el fin. Quienes otorgan derechos, al principio de la vida, no se detienen y buscarán los medios para otorgarlos también al fin. Siempre por nuestro bien, por nuestra salud y por nuestra dignidad.
Procuro informarme siempre de esos “derechos” porque no quiero más que lo que me pertenece. La madurez democrática con la que suelen vender tales “derechos” prefiero valorarla yo mismo, porque nada es bueno porque te lo regalen, ni porque te digan que es bueno, incluso aunque lo diga quien está en el poder o quienes hacen las leyes. Juristas y políticos, aún siendo más conocidos, no tienen más autoridad por serlo. Yo, sin ser estoico, pienso como Séneca que “el honor prohíbe acciones que la ley tolera”.
Ha entrado en vigor la Ley de “Salud sexual y reproductiva”, de la que en su día se dijo ”esta ley traerá más salud a los españoles”. No sé si recuerdan ustedes que esta “ley tan saludable” es, sin eufemismos, la Ley del aborto. Y aunque la hayan vendido como “derecho”, “no termino de entender que el asesinato de doscientos mil niños indefensos al año (en España) sea beneficioso para nuestra salud...no alcanzo a adivinar el matiz que me impide relacionar la muerte con la salud...No me han educado ni preparado para aceptar como un derecho el más cobarde de los crímenes. No me han educado ni preparado para sentirme feliz y seguro en una sociedad que considera que traerá más salud a los españoles una ley que asesina ”(A.Ussia, La Razón 26 de febrero 2010).
He venido siguiendo el contrapunto de esta ley con la de la eutanasia. Se ha ido “filtrando a los medios de comunicación”, pero siempre casi veladamente mientras en el Parlamento se debatía la aprobación de la nueva ley del aborto. De hecho asistí a una conferencia del doctor Montes el 18 de noviembre de 2009, en la que dijo textualmente: “ahora no toca el debate sobre la eutanasia”. Había que centrarse en la ley del aborto.
No se puede olvidar, que ciertos lobbys, están costeando y presionando fuertemente a organismos nacionales e internacionales, incluso a través de Naciones Unidas para que se adopten en los diversos países leyes permisivas. Actúan sin prisa pero sin pausa. Leyes encaminadas a imponer la Cultura de la Muerte. Están generando el mayor genocidio conocido en la historia de la humanidad.
Luis Montes es el Presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente. En diciembre pasado dejó caer una perla en Sevilla: “la objeción de conciencia ante la eutanasia debe ser un delito”. Otro paso necesario, uno más.
Hoy día 12 de agosto de 2010 me desayuno con la noticia de que nada menos que el que fuera Decano la Universidad Carlos III, actual catedrático de Filosofía del Derecho Gregorio Peces-Barba, se ha mostrado partidario de la aprobación de una ley que regule la eutanasia y garantice la seguridad jurídica de los pacientes y médicos que decidan practicarla.
Peces-Barba es socialista, como lo es doctor Montes, y como lo es el actual gobierno de España. Pero es además, uno de los padres de la actual Constitución.
Recuerdo, para quien no lo sepa, que la Ley del Aborto, fue promovida “para dar seguridad jurídica a los médicos abortistas y a las mujeres que quieran abortar”. Es muy posible, pues, que con sus declaraciones esté iniciando, no el debate, sino la batalla. Se trata de una persona relevante en la cultura y la política de éste país. Y creo que hay que recoger el guante y abrirle los ojos a la gente ante este reto. El doctor Montes que saltó a la fama por las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa del barrio madrileño de Leganés, cuando estuvo en Guadalajara, apenas reunió a medio centenar de personas en la biblioteca. Pero sí que habló sobre el “marco jurídico del suicidio asistido”.
En todo caso, volveremos sobre el tema, porque propuestas como la de Peces-Barba, pueden poner en entredicho el valor de la vida humana y dejar en desamparo a los más débiles: no nacidos o enfermos terminales.
El tema de los “derechos” seguro que les suena. Recuerdo que el famoso doctor Montes dijo “los individuos tenemos derecho a elegir el proceso final de nuestra vida”. Claro que en este caso él habla de “la mala muerte” y de la “calidad de la muerte”.
Reconozco que no estoy preparado para este nuevo “derecho”. No tengo miedo ni a la libertad ni a la muerte, pero los nuevos derechos me dan “repelús”. Una cosa es que se prolongue la vida de una persona de forma artificial, y otra muy distinta que se le dé derecho a alguien para “darte pasaporte” cuando lo considere necesario. El tema está ahí. Pienso que hay mucho que aclarar. El debate, no está servido. Imagino que como en la Ley del aborto no habrá debate, sino cesiones y concesiones hasta que se apruebe. ¡Parece que una casta política o ideológica vela por nuestros derechos!