ABORTO Y TC: LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA LEY AÍDO, UN DEBER HISTÓRICO - Por Rafael Miner Guerrero (Dir Gral del Grupo Intereconomía)

Publicado en el Blog de Rafael Miner: Tócala (intereconomía):
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El filósofo Julián Marías escribió con lucidez: “lo más grave que ha sucedido en el siglo XX es la aceptación social del aborto”. Y continuó: “es una hipocresía llamar al aborto ‘interrupción voluntaria’ del embarazo”. Para ser más exactos, a Julián Marías le parecía una “expresión de refinada hipocresía” denominar de este modo al aborto.
Su reflexión proseguía así: “los partidarios de la pena de muerte tienen resueltas sus dificultades. La horca o el garrote pueden llamarse ‘interrupción de la respiración (y con un par de minutos basta); ya no hay problema. Cuando se provoca el aborto o se ahorca no se interrumpe el embarazo o la respiración; en ambos casos “se mata a alguien”. Y por supuesto, es una hipocresía más considerar que hay diferencia según en qué lugar del camino se encuentra el niño que viene, a qué distancia de semanas o meses de esa etapa de la vida que se llama nacimiento va a ser sorprendido por la muerte”. Hasta aquí Marías.
A esto se le podrían llamar las verdades del barquero. En realidad, es la misión esencial del filósofo y de toda persona que se precie: la búsqueda de la verdad.
Lo de la “aceptación social del aborto” tiene cifras. Las ofreció primero el semanario Alba (nº 149): desde 1922 hasta el 2000 han tenido lugar más de ochocientos millones de abortos al amparo de leyes sancionadas por Parlamentos de todo el mundo, según ha computado el WM. Robert Johnston's Archive. Ahora se han sobrepasado de largo los mil millones, teniendo en cuenta que se producen en nuestro planeta entre cuarenta y cincuenta millones de abortos anuales.
A España le corresponden 1,3 millones de abortos aproximadamente, desde el 5 de Julio de 1985, con la promulgación de la Ley Orgánica 9/1985, de reforma del art. 417 bis del Código Penal, por la que se introducía por vez primera en nuestro ordenamiento la despenalización de determinados supuestos de aborto. Una ley que llegó tras un recurso del PP estimado por el TC, que sentó una importante jurisprudencia. Hablaremos de ello en los próximos días.
Lo que intentaba recordar ahora es que, justo a los 25 años de la promulgación de aquel texto, con el irreparable balance de 1,3 millones de abortos, entrará en vigor otro 5 de julio, si el Tribunal Constitucional no lo impide, la denominada ley 'Aido', con el sarcástico título de "Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo".
Visto el daño también irreparable que produciría su entrada en vigor mientras se sustancia el recurso, el Partido Popular ha solicitado al Tribunal que preside M. Emilia Casas su suspensión cautelar por dos motivos: "a) la existencia de consecuencias de imposible reparación (eliminación de vida humana); y b) la existencia de una presunción de inconstitucionalidad, que debe ser analizada atendiendo al caso concreto (en el caso de la hipótesis, vendría derivada de la infracción directa y frontal del contenido del art. 15 CE). Pues bien, hay que señalar que ambas circunstancias concurren también en el presente recurso: existe una presunción de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, pues contrarían la doctrina constitucional consolidada al respecto, y caso de aplicarse, darían lugar a perjuicios irreparables (y contra la vida humana, para mayor gravedad). En consecuencia, el Tribunal Constitucional debería acordar la medida cautelar solicitada de suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados".
Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen ante sí una decisión trascendental, que no exige tantas deliberaciones y 'enjuagues' como la sentencia del Estatut. En buena ley, deben acceder a la suspensión cautelar. Y si no lo hacen, cargarán con esa responsabilidad el resto de sus días, porque se dilucida la vida y la muerte de muchos seres humanos.
Mientras tanto, la sociedad civil se mueve. La Federación Española de Asociaciones Provida, que preside Alicia Latorre, y cerca de 70 Asociaciones entre las que se encuentran el Foro de la Familia, HazteOir.org y Derecho a Vivir, han convocado una Concentración ante el Tribunal Constitucional el sábado 3 de julio, a las 12,00 horas, dos días antes de la entrada en vigor de la nueva ley del Aborto. El objetivo básico es solicitar también la suspensión cautelar de la denominada 'ley Aído', porque "las vidas humanas no pueden recuperarse, ni las mujeres borrar de sus vidas las secuelas que deja el aborto", y pedir al mismo tribunal "que dicte sentencia urgentemente" (ver 'La Gaceta',
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Los convocantes piden "al PP, que acaba de recurrir la ley del aborto, no sólo la derogación de la ley recientemente aprobada, sino la protección de toda vida humana y la aplicación de políticas de ayuda especialmente a través de sus gobiernos autonómicos". Singularmente, "exigen al Gobierno que no instrumentalice la escuela al servicio de la difusión de su peculiar y perversa ideología sobre la sexualidad y que respete el derecho de los padres a educar en libertad a sus hijos en esta materia".